El régimen socialista que hace veinte años oprime a los venezolanos y cercena sus libertades, acaba de promulgar una ley, supuestamente dirigida a evitar el desarrollo del fascismo en Venezuela, pero que en la práctica servirá para acusar falsamente a los opositores y cargarles penas que van de seis a doce años de prisión, incluyendo su inhabilitación política.
Históricamente, el fascismo es tanto un movimiento social como político, cuyo ejemplo más claro fue visto en la Italia de Mussolini. El fascismo “puro” nació y murió en Italia, pero han habido varias imitaciones.
Hayek apuntó muy certeramente que el fascismo y el comunismo son primos hermanos. Mostró que muchos dirigentes empezaron como socialistas y terminaron como fascistas o nazis. En Alemania antes de 1933 y en Italia antes de 1922, los comunistas chocaron con nazis y fascistas porque competían por los mismos clientes. Para todos, el enemigo real era el viejo liberalismo. Nazis y comunistas se veían unos a otros como reclutas potenciales, y ambos miraban también a los socialistas, de quienes pensaban que eran «de buena madera, aunque obedecían a falsos profetas”. Por la misma lógica podemos afirmar que los socialistas venezolanos no están lejos del fascismo, sino cerca, y esa conexión permite entender mejor la ley antifascista que han promulgado.
En teoría, el objeto de la ley es “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”; la ley se propone “garantizar el derecho humano del pueblo a la paz, asegurar que el ejercicio de los derechos políticos se desarrolla mediante medios democráticos; prevenir y erradicar toda forma de odio y discriminación basada en motivos raciales, de origen étnico, social o nacional, proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión del orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”
La ley hace una definición caprichosa del fascismo: cree que es una “postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra a la democracia, sus instituciones y valores republicanos y promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura: el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”.
Mientras que el fascismo italiano era sobre todo un movimiento de masas en torno a un partido, un líder y un Estado, el “fascismo” al que quiere atacar Maduro no es principalmente político, sino un abanico grande de conductas y de pensamientos, insuficientemente definidos, o no definidos en absoluto. ¿Por qué tendría que considerarse fascista a un chovinista cualquiera? ¿Por qué sería fascista un economista que reconoce la división de la sociedad en clases? ¿Por qué sería fascista un conservador moral? ¿Por qué serían fascistas los neoliberales? La ley anti-fascista ha definido tan mal lo que quiere controlar que prácticamente abarca todas las conductas y pensamientos no maduristas.
Y eso me lleva a una conclusión sorprendente: no sólo esta ley abre el camino a la arbitrariedad y a la anarquía; los que quieren controlar brotes de fascismo están empleando actitudes, conceptos y procedimientos más propios de fascistas que de demócratas. Lo que se oponga al caudillo, al partido y al Estado está contra la nación; es el enemigo y debe ser destruido.
Hayek apuntó muy certeramente que el fascismo y el comunismo son primos hermanos.
Así razonan esos fanáticos y se proponen “prevenir el surgimiento del fascismo” mediante una red internacional contra el fascismo, el control de medios de comunicación, la proscripción de la “cultura del odio, la intolerancia y la muerte”; la prohibición de mensajes “fascistas”; la prohibición de reuniones, de organizaciones y su disolución obligada; la creación de un registro, la prohibición al “fascista” del acceso a cargos públicos.
La ley crea una “Alta Comisión” contra el fascismo, que será la autoridad final en este tema; unificará acciones legislativas y regulatorias con funciones de administración de la ley, cosa que sería considerada una aberración en cualquier democracia occidental.
La ley indica de manera general las sanciones con las que cargará a los opositores: los actos considerados fascistas serán sancionados con ocho a doce años de prisión; lo que llaman “apología del fascismo”, con seis a diez años. El que quiere organizar un movimiento liberal, neoliberal, o simplemente demócrata, se arriesga a pasar ese mismo número de años en la cárcel y ser inhabilitado políticamente. Si concurre un agravante especial se aplicará el límite máximo de la pena. Naturalmente, la ley no menciona qué conductas pueden ser consideradas “agravantes especiales”.
Por último, la ley establece unas medidas “precautelativas” (no haga ascos, lector: los socialistas escriben pésimamente). Lo que intentaron decir es que los jueces competentes podrán adoptar las medidas que fueran necesarias para interrumpir los actos que consideren fascistas, neofascistas o de similar naturaleza, que pueden ser de promoción directa, de apología u otras.
Bien vistas las cosas, el régimen de Maduro comete los mismos actos que pretende prohibir: cree en su superioridad por motivos nacionales y políticos; asume la violencia como método de acción política, ha causado muchísimas muertes; erosiona, desportilla y rompe la democracia, sus instituciones y valores; suprime derechos reconocidos en la constitución venezolana. Aunque no es racista, es chovinista, se opone a los propietarios y emprendedores; es extremadamente conservadora y discrimina a la gente de muy diversas maneras. El régimen madurista tendría que aplicarse a sí mismo la ley antifascista, porque ya se está convirtiendo en un fascismo modificado, aunque no privado de sus rasgos esenciales.
No hay duda, estamos ante un acto brutal. Séneca, Voltaire y muchos otros han coincidido en que no hay acto de injusticia más grande que aquel que se perpetra disfrazando las decisiones injustas con la toga de la justicia.
Se debe tener claro que ninguna ley o política debe ser juzgada por sus intenciones, sino por sus efectos, que pueden ser muy distintos de aquellas. Es lo que ocurrirá en Venezuela. En lugar de preservar la convivencia pacífica, la ley fomentará la agresión de los opositores por los políticos encumbrados en el poder y armados de violencia legal.
Tomen nota los que creen que los grandes males se pueden resolver con pequeñas dosis de aspirina.
Gonzalo Flores
Gonzalo Flores es Secretario General del Partido Liberal boliviano y sociólogo.
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