El renacimiento del populismo | Álvaro Vargas Llosa

El populismo gobierna contra la oligarquía tradicional, incluso después de que ella haya muerto. Del brasileño Getulio Vargas al argentino Juan Domingo Perón, del mexicano Lázaro Cárdenas al primer Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y de éste al peruano Alan García, el populista busca redimir al «pueblo» de una injusticia que tiene en la «oligarquía» su expresión máxima. Esa oligarquía la forman los latifundistas, los banqueros y los nuevos industriales, pero también sus brazos político, militar o eclesiástico.

La impugnación contra la oligarquía es inseparable de su siamés, la denuncia del «imperialismo». Todos nuestros populistas sacuden la espada en las barbas del imperio. El «imperio» es casi siempre Estados Unidos. Con esto, asumen lo que Carlos Rangel llamó el «tercermundismo», que consiste en la proyección, al escenario de las relaciones internacionales, de la lucha de clases entre ricos y pobres. Tras la Primera Guerra Mundial, y ante la evidencia de que el capitalismo no sucumbiría ni siquiera por obra de esa conflagración, el marxismo encontró en el Tercer Mundo una válvula de escape. Ahora había que denunciar la explotación de los países pobres por parte de los ricos. John A. Hobson y, desde luego, Lenin suministraron las explicaciones. El populismo latinoamericano las hizo suyas. El «antiimperialismo» es, desde entonces, otro rasgo populista.

Me apresuro a añadir que el «antiimperialismo» del populista no se basa en la condena de las intervenciones militares de Estados Unidos, sino en la idea de que el conjunto de instituciones y empresas estadounidenses relacionadas de forma directa o indirecta con América Latina usufructúan indebidamente de esa relación, explotando a los latinoamericanos. Por tanto, el populismo transfiere a Estados Unidos la responsabilidad de nuestra pobreza, a partir de la idea de que la riqueza es un juego de suma cero por el que nadie gana si otro no pierde. La doble impugnación —contra la oligarquía local y contra el imperio exterior— legitima las acciones del populista latinoamericano a ojos de su pueblo, suministrándole una dispensa moral para los excesos o atropellos.

Pero, atención: el populismo, si bien hunde el hocico en el abrevadero marxista, se cuida de no zambullirse en él. Y ésta es otra característica nítida: el populismo no cree en la captura de todos los medios de producción, sino, al estilo de las «teleocracias» de las que hablaba Bertrand de Jouvenel, en teledirigirlos desde el poder para trazarles fines distintos de aquellos que sus dueños, bajo el imperio de consumidores y clientes, se fijarían a sí mismos. No aspira a adueñarse de todas las empresas, sólo de las «estratégicas», y prefiere poner el resto a su servicio, o, mejor dicho, al servicio de sus planes, sujetos a las necesidades políticas —clientelistas, electorales— de la hora. La diferencia con el marxismo es importante. Por eso, Juan Domingo Perón hablaba de una «tercera vía» —mucho antes de Anthony Giddens—, ajena tanto al capitalismo como al comunismo, dos extremos que, según él, se tocaban.

La «tercera vía» del populista es el nombre sutil que adopta otra característica crucial: la idolatría del Estado. El populista ve en el Estado la redención del pueblo ante la injusticia. Esa redención pasa por otorgar al Estado varias responsabilidades productivas y comerciales, y por convertirlo en una agencia de empleos. El populismo que reinó en México, intermitentemente, desde que finalizó la Revolución, o, más precisamente, desde Lázaro Cárdenas, llevó al Estado a representar, hacia mediados de la década de 1980, un gasto público equivalente al 61 por ciento del PBI, es decir del tamaño total de la economía. En Venezuela, el populismo produjo un Estado que gastaba más del 50 por ciento de la riqueza nacional por esas mismas fechas. El populismo peruano, que alcanza por primera vez un apogeo gubernamental con Velasco Alvarado y se repite tragicómicamente con Alan García, llega a crearle al país un problema permanente de 2.000 millones de dólares, la cifra que representaba hasta 1990 el déficit anual de las empresas públicas. En Brasil, el modelo populista de Vargas sobrevivió a su creador: hacia fines de los años setenta, el país ya tenía un Estado con 560 empresas públicas, dueño de la tercera parte de los activos industriales y capaz de gastar anualmente casi el 40 por ciento de la riqueza de los ciudadanos.

Mención especial, dentro del capítulo del crecimiento del Estado redentor, merecen las reformas agrarias. El populismo contemporáneo ha perdido algo de su componente «agrarista» porque las sociedades se han urbanizado masivamente y el campo ya no representa más de un tercio —y a veces menos— de la población. Pero, en las primeras décadas, la expropiación de las viejas haciendas y latifundios fue un caballo de batalla de los populistas. Era cierto que la tierra —vieja herencia colonial— estaba en muy pocas manos. En Argentina, el 60 por ciento de la tierra estaba en manos del 2 por ciento de las estancias; en El Salvador, el 1 por ciento de las haciendas era dueño de la mitad del campo. No fue, sin embargo, el campesino, sino el Estado, el gran beneficiario de las reformas agrarias. La entrega de tierras a la burocracia estatal —como en el caso de las seiscientas cooperativas creadas por Perú en los años setenta— engordó a la burocracia y enflaqueció aún más a la sociedad. En México, las grandes reparticiones de ejidos —desde Cárdenas hasta Luis Echeverría— no permitieron el desarrollo de una economía de mercado rural con plenos derechos de propiedad por parte de los campesinos; lo que resultó de esta transferencia fueron más bien propiedades limitadas y en muchos casos reducidas a la mera subsistencia porque el poder estatal impuso condiciones draconianas para evitar economías de escala. Como en las otras áreas donde metió la mano, el populista hizo crecer el Estado —del que las clientelas empobrecidas pasaron a depender más—, en perjuicio de aquellos en cuyo nombre actuaba.

La combinación de «antiimperialismo» y «estatismo» produce, a lo largo del siglo XX, el nacionalismo económico —lo que me he permitido llamar, en un reciente libro, «el siglo del caracol»—. El único rasgo populista que vino acompañado de un cierto ejercicio teórico fue el proteccionismo, columna vertebral del nacionalismo económico. Raúl Prebisch, el argentino que en 1948 pasó a hacerse cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue uno de sus exponentes máximos. Los nacionalistas postulaban la sustitución de importaciones a partir de la premisa de que existían unos injustos «términos de intercambio» entre los países desarrollados, que exportaban manufacturas caras, y los países subdesarrollados, que exportaban materias primas baratas. Como los países ricos —se decía— monopolizaban el capital y la tecnología, y los países pobres, que necesitaban ambas cosas para aumentar sus inversiones, no generaban suficientes divisas para adquirirlas, había un problema «estructural» en la economía mundial.

El «estructuralismo» —el nombre algo pedante adoptado por esta superchería ideológica— fue el escudo con el cual los populistas dieron cobertura, a partir de finales de la década de 1920 y hasta 1990, al nacionalismo económico. América Latina se erizó de barreras arancelarias, cuotas, tipos de cambio diferenciados y toda clase de mecanismos jurídicos para canalizar los recursos de los ciudadanos hacia aquellas áreas —ciertas industrias, por ejemplo— que el Estado creía prioritarias.

Cuando fue evidente, hacia los años setenta, que el «estructuralismo» no lograba corregir los términos de intercambio, surgió la segunda fase del nacionalismo económico: la «teoría de la dependencia». Esta nueva explicación justificaba el fracaso con el argumento de que existía una «dependencia» tan profunda con respecto a los países ricos, que sólo una masiva redistribución de recursos internacionales mediante la ayuda exterior lograría el cometido. Así, apelando a la mala conciencia de los países ricos, América Latina se inundó de créditos provenientes del exterior, y de donaciones o ayudas multimillonarias.

El resultado de todo esto fue calamitoso. Incluso en los momentos en que los países ricos canalizaron más recursos hacia América Latina, los niveles de inversión anual no superaron el 15 por ciento del PBI, la mitad del nivel alcanzado por los países del Sudeste Asiático en su hora de despegue. Los capitales huyeron más rápido de lo que viajaba la ayuda exterior hacia América Latina, de modo que en la década de 1980 se produjo una salida de 220.000 millones de dólares, cuatro veces más que todos los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional a los países subdesarrollados a lo largo de esos mismos años. Venezuela, a la que décadas antes llamaban «saudita» por la abundancia de dólares, a finales del siglo XX tenía un ingreso por habitante un 25 por ciento menor que en 1976, fecha emblemática en que Carlos Andrés Pérez estatizó el petróleo.

El populismo tiende a generar su propia lógica. Nunca es bastante. A cada bache o crisis, se responde con nuevas dosis de populismo. Las hiperinflaciones de Siles Suazo en Bolivia, Alan García en Perú, Raúl Alfonsín en Argentina o Daniel Ortega en Nicaragua, fueron la consecuencia de sucesivos populismos empeñados en corregir los problemas suscitados por populismos anteriores. Los mencionados gobernantes, una vez que se vieron ante la incapacidad de este modelo para generar inversión y empleos porque el capital privado había perdido todo incentivo para arriesgar o porque sencillamente había emigrado, decidieron huir hacia delante, en una frenética carrera en dirección al enemigo. El colapso del Estado populista, que a finales de los ochenta abre las puertas en casi toda América Latina a las reformas de libre mercado, fue hijo del nacionalismo económico instalado en la región más de medio siglo antes.

En las primeras décadas del siglo XX, todo había parecido ir muy bien. Entre las décadas de 1940 y 1970, gracias al surgimiento de nuevas industrias, Brasil redujo a sólo el 10 por ciento la dependencia de sus exportaciones con respecto al café, mientras que México experimentó un crecimiento económico promedio del 6 por ciento cada año. Toda sociedad que concentra sus energías y recursos en ciertas áreas, y que entrega mercados cautivos a un conjunto de empresas privilegiadas por el Estado, obtiene en una primera etapa ciertos beneficios temporales. En La democracia en América, Tocqueville señala que el dirigismo económico —lo que llama la «centralización administrativa»— puede reunir las energías y recursos en un momento dado para un objetivo inmediato, pero no está en condiciones de reproducirlos de forma sistemática, es decir, de crear las condiciones para el aumento de la riqueza a lo largo del tiempo. Siendo Brasil un mercado tan vasto, es lógico que el nacionalismo económico produjera el crecimiento artificial de muchas industrias locales, y con ellas el de la economía general. Pero, con el tiempo, el artificio quedó expuesto y se hizo patente que, sin un conjunto de instituciones protectoras de derechos individuales, capaces de garantizar una sociedad de contratos y no de mandatos, resultaba imposible una prolongada acumulación de capital. Otros países más pequeños descubrieron estas realidades más rápidamente.

En resumidas cuentas, todos los países que practicaron el nacionalismo económico bajo gobiernos populistas a la larga acabaron en crisis. Casi un siglo después de la Revolución mexicana, el último informe de la CEPAL, publicado a finales de 2004, nos habla de una pobreza que abarca casi al 45 por ciento de la población latinoamericana. La indigencia —los más pobres entre los pobres— es el estado de uno de cada cinco latinoamericanos. Ésa es la hazaña social del populismo latinoamericano.

Una característica final de los populistas, menos mensurable en estadísticas, pero no menos devastadora para América Latina, es el autoritarismo. O, más exactamente, el debilitamiento de las instituciones y del principio de la separación de poderes en beneficio del voluntarismo del presidente. Nuestros populistas se diferencian en mucho, pero en eso coinciden al milímetro. El populismo mexicano se expresó a través de un sistema corporativista en el que el partido servía de instrumento para el adormecimiento social a través de la relación que establecía con distintos estamentos de la sociedad, vinculándolos al Estado. El populismo brasileño de Getulio Vargas, que llegó al poder a la cabeza de una revolución en 1930, careció de una estructura de organización social, salvo en su última etapa, cuando en 1951 ganó las elecciones con el PTB, por lo que se debió apoyar la mayor parte del tiempo en los militares. Juan Domingo Perón, en cambio, montó una poderosa maquinaria social, el justicialismo, vinculada a su figura caudillista. Estas tres modalidades del populismo —el institucional, el militarista, el caudillista— representan variantes muy distintas. Pero todas concentraron el poder en el gobernante y otorgaron a quienes detentaban el gobierno la capacidad de imponer su ley de forma arbitraria, y a veces brutal, aboliendo en la práctica los sistemas de protección jurídica.

Ese mismo rasgo autoritario, aunque en grado menor, asomó en los diversos populismos posteriores, del APRA en Perú a Acción Democrática en Venezuela o a Joaquín Balaguer en la República Dominicana. Si la legitimidad de un gobernante está basada en la popularidad o en la clientela por encima de cualquier otra consideración, las «formas» propias del Estado de derecho pierden importancia. Con frecuencia, el referéndum o la consulta popular —o el discurso de plazuela— actúan de sucedáneo del Estado de derecho, avasallando minorías.

El efecto de estas prácticas es perverso: no sólo no se puede medir adecuadamente, sino que a menudo sobrevive a los ejecutantes, instalándose en el cuerpo político y social como una bacteria resistente que lo contamina todo. Al debilitar el Estado de derecho, el populista de hoy le lega al gobernante de mañana, populista o no, un sociedad menos protegida y vigilante contra el abuso de poder. Y así sucesivamente. A la larga, este desarme cívico tiende a agudizar la cultura autoritaria.

Teniendo en cuenta todos estos factores —el voluntarismo-caudillismo, el espíritu de la lucha de clases, el «antiimperialismo», la idolatría del Estado, el nacionalismo económico, el abuso de poder—, es evidente que la región ha vivido desde el inicio del nuevo milenio un resurgimiento cabal del populismo. En el difunto Hugo Chávez, el aliado, admirador y financista de Fidel Castro, estaban presentes todos los rasgos, como lo están en su sucesor, Nicolás Maduro. Chávez, entre incandescentes discursos, despilfarró esos 20.000 millones de dólares anuales que le suministró el petróleo, avasalló a opositores, sustituyó la ley con sus múltiples consultas populares, capturó instituciones como el ente electoral o el máximo tribunal de justicia y entorpeció los vínculos de los venezolanos con el exterior.

En Néstor y Cristina Kirchner, también demoledores de instituciones democráticas e inmensamente corruptos, vimos resurgir la fe en la obra pública como motor del empleo y el desarrollo. El aumento del gasto, sustentado en el aumento de la emisión monetaria, generó en sólo veinte meses más inflación que la de los ocho años precedentes y luego continuó debilitando la moneda y la caja fiscal hasta dejarle a Mauricio Macri una herencia envenenada. Ese gobierno también se negó a reconocer sus deudas con los acreedores privados, incluidos los pensionistas argentinos, que fueron obligados a comprar bonos del Estado, inequívoco síntoma del menosprecio de la propiedad. Manteniendo controles de precios, como el de las tarifas de los grandes servicios públicos, y anatematizando a las empresas eléctricas europeas porque no expandían sus inversiones en un escenario que ha dejado de serles rentable, el gobernante exhibió un profundo desprecio por la economía de mercado. Mientras duró el repunte de los precios de exportación tradicionales, estas políticas populistas disimularon sus múltiples costos. Cuando las circunstancias internacionales variaron, quedó claro que en estos años fue lesionada severamente la posibilidad de crear riqueza mediante la inversión privada sostenida. Una realidad que no pudo alterar el gobierno de Macri y que hoy se ha agravado atrozmente con el retorno del peronismo al poder.

«Lula» da Silva, mucho más prudente pero no más ético, cedió sin embargo a la tentación de ejercer en materia exterior el populismo que trata de reducir a proporciones limitadas cuando de política doméstica se trataba. Utilizó el dirigismo y el gasto público a través de la banca de desarrollo estatal para impulsar la influencia brasileña en la economía regional y de paso generar ingentes sobornos. También presidió un sistema interno de alianzas mercantilistas entre intereses estatales y privados que lo llevaron a la cárcel durante un tiempo y podrían devolverlo a ella.

De un modo más general, en el nuevo milenio el discurso político se volvió a llenar de viejas palabras y conceptos que sirven —como la ceremonia japonesa del Kabuki— para ocultar la verdad. Bajo el pretexto de irrumpir contra el «neoliberalismo» de la década de 1990 —cuyas muchas sombras se debieron, en gran parte, al populismo que las habitó y a la corrupción—, nuestros populistas vuelven desde hace ya unos años a entronizar el voluntarismo caudillista, la lucha de clases, la «nordofobia», la superstición estatista, el nacionalismo económico y el autoritarismo en nuestra vida política.

Las corrientes populistas que han resurgido en el mundo occidental desarrollado, incluyendo Estados Unidos y Europa, dan alas a su vez a los populismos de izquierda y derecha en la región. Eso probablemente implicará, en el futuro inmediato, una mayor dificultad para superar, en los países donde imperan los diversos populismos, esta antigua fuente de subdesarrollo. Pero entender sus orígenes y su historia más que centenaria es una manera de entender mejor por qué es tan urgente empezar a revertir de una vez está tradición.