El nacimiento de la idea liberal en Bolivia | Fernando Molina

Antecedentes

La dificultad de la izquierda contemporánea para celebrar el proceso de independencia del país en relación a España no se debe a que esta vea con desprecio el patriotismo que motiva esta celebración y la refuerza, ya que se trata de una “izquierda patriótica”;1 se debe a la consciencia de que el proceso en cuestión fue una obra liberal, acometida por los sujetos sociales que plantaron la semilla de esta ideología en Bolivia.

Es cierto que hablamos de un movimiento parcial, que se centró en la libertad de la naciente República de Bolivia del Imperio Español, y que no llegó a establecer las condiciones para el surgimiento de un Estado liberal como tal. Aunque los primeros presidentes del país, Bolívar y Sucre, fueron liberales que aprobaron algunas medidas para salir de la sociedad organicista heredada de la Colonia, el carácter de las élites que habían aparecido en el contexto colonial -que eran extractivistas, burocráticas y no emprendedoras-, así como la dependencia que dichas élites tenían de la explotación del trabajo indígena, en especial desde que la minería de la plata cayera en bancarrota, impidió que esas medidas constituyeran algo más que una efímera fiebre durante la convalecencia de la crisis independentista.

Sin embargo, el uso por los criollos del liberalismo como una herramienta para sacarse de encima a España inauguró una polaridad ideológica que se extendería durante el resto de la historia del país, entre la corriente que intenta continuar -por derecha e izquierda- el organicismo de procedencia colonial y precolonial, y la corriente que, siguiendo la tradición republicana que comenzara la Independencia, busca, aunque pocas veces con consecuencia, aproximarse al paradigma de John Locke y otros: la sociedad de individuos.

Describamos estas grandes visiones de la sociedad: El organicismo es la teoría de la sociedad como un “todo”, una comunidad en la que cada elemento y cada grupo se hallan conectados con los otros como los órganos de un cuerpo se relacionan entre sí; cada uno posee una función definida, que no puede alterarse sin perjuicio para los demás. En este tipo de sociedad, la justicia se alcanza cuando se busca, desde distintas perspectivas complementarias, el “bien común”, es decir, un ideal tradicional que establece lo que cada quien debe hacer. Por tanto, es justo que los trabajadores produzcan, los comerciantes comercien y los burócratas gobiernen. En el caso boliviano: que los indígenas cultiven, los mestizos manufacturen y reparen, y que los blancos funjan de burócratas, militares y sacerdotes, es decir, constituyan las élites intelectuales y gobernantes. Esta teoría plantea, desde Aristóteles, que lo básico es la sociedad, y que el individuo solo puede concebirse como parte de ella, en una posición subordinada y determinada por las reglas de funcionamiento de la primera. En este tipo de sociedad, el Estado es un padre que debe velar por que sus miembros reciban los beneficios de su identidad: protección, seguridad, estabilidad, complementariedad entre los estamentos profesionales, valores y ritos compartidos. A la vez, los individuos deben ser funcionales al Estado, es decir, capaces de sacrificarse por sus deberes políticos, a partir de esa consciencia de los mismos que los griegos exigían para garantizar la “vida buena”. Una sociedad organicista puede ser democrática, pero en el sentido antiguo de la palabra “democracia”, en el que los funcionarios democráticos no representan a la sociedad, sino que son delegados directos del estamento al que se le ha asignado la función de mandar (en el caso griego, de la élite de los “ciudadanos”, hombres libres nacidos en una polis).

Por otro lado, la teoría liberal representa a la sociedad como un conjunto de individuos libres que no realizan las tareas necesarias para su supervivencia por imposición de una idea tradicional del bien común, sino gracias a la libre coordinación y competencia pacífica entre ellos. Por tanto, en este tipo de sistema no solo se permite, en realidad se espera que cada persona ocupe distintas posiciones dentro de la pirámide social, de acuerdo a su conveniencia e inclinación, ya que solo de este modo la sociedad puede cumplir sus objetivos primordiales.

John Locke y otros iusnaturalistas señalaron que, en principio, los hombres eran libres e iguales, que tal era su “estado natural”, que Dios los había hecho así, y que su desigualdad y esclavitud se originaban en la acción del poder, el cual tendía a desarrollarse a partir de un estado originario de libertad. Para poner a raya al poder, entonces, había que sujetarlo al control de un “gobierno civil” (el Estado), que en su mejor realización sería capaz de expresar la voluntad de la mayoría de los individuos (ley). Por el contrario, la victoria del poder podía conducir a la existencia de un gobierno civil despótico (por encima de la ley), basado íntegramente en el poder, y por tanto abocado a cercenar e impedir la libertad originaria. El despotismo es la injusticia máxima, aunque se practique en aras de algún tipo de bien común. La justicia, en cambio, reside en la garantía de que la ley será igual para todos (en el caso boliviano, para indígenas, mestizos y blancos) y todos, inclusive el gobierno civil o Estado, se hallarán igualmente obligados a cumplirla.

Habiendo sido el Kollasuyo y el Alto Perú sociedades organicistas, aunque con distintos estamentos sociales en cada caso, el peso del organicismo en el “pensamiento vigente” del país, esto es, el pensamiento interiorizado en sus prácticas sociales –jurídicas y educativas–, ha sido determinante. Archivando el liberalismo de los padres de la Independencia, es decir, ignorándolo en la práctica aunque manteniéndolo parcialmente en la retórica, una parte de las élites del siglo XIX intentó construir una sociedad oligárquica, en la que los indígenas fueran agricultores y mineros, los mestizos sirvieran como auxiliares en la vida urbana y los bolivianos “decentes” (categoría que mezclaba la condición racial blanca con la posesión de un determinado apellido y una educación superior a la de la mayoría) fueran los propietarios de la tierra y los yacimientos minerales, así como los gobernantes de la nación. Este programa conservador fue dirigido por un partido informal que en otra parte he llamado “linarismo”. 2 Por las condiciones del contexto internacional durante la centuria liberal, este proyecto no fue puramente conservador, digamos de reproducción de la jerarquía colonial con otra clase dominante. En el siglo XIX el país se fue viendo cada vez más atraído por las corrientes del libre comercio internacional, protoplasma en el que se desarrollaba el liberalismo mundial; además, su viabilidad económica futura dependía de que pudiera construir una industria exportadora de cierto calibre, como venía haciendo el resto de los países latinoamericanos. Por esta vía, el proyecto conservador de la sociedad estamental se combinó con un limitado liberalismo económico, que se identificaba en la exigencia de libre comercio de la plata, que los linaristas obtuvieron finalmente en la década del 1870. Estos políticos también usaban el discurso liberal para justificar sus ataques a las formas coloniales de posesión de la tierra por parte de los indígenas, que querían reformar en su provecho.

¿Contra quienes luchaban los conservadores-librecambistas? Contra una segunda corriente organicista, el proto-nacionalismo revolucionario, que emergió en ciertos sectores de las élites dieciochescas que se aliaron con los mestizos (artesanos, manufactureros, comerciantes minoristas y plebe urbana) detrás de un programa de apoyo a la agricultura (mientras los librecambistas eran proclives a la minería) y de proteccionismo de los textiles y del stock de plata con que contaba el país, que debido a la destrucción de la industria minera resultaba limitado. Este programa fue enarbolado principalmente por los presidentes Andrés de Santa Cruz, Isidoro Belzu, Jorge Córdoba e Hilarión Daza. El partido “belcista” se opuso al “linarismo”, como la “izquierda” y la “derecha” dentro del organicismo dieciochesco: el primero era proteccionista y abierto a lo plebeyo, el segundo librecambista y “decente”, y también estaba más interesado que el primero en establecer una institucionalidad política que regulara el acceso al poder de la élite nacional, institucionalidad que en teoría respondía a una inspiración liberal. Sin embargo, la contradicción entre este matiz liberal y las formas aristocráticas de formación de la élite “decente”, que no reconocían la ampliación y el empuje de los mestizos tanto en la vida económica como militar de la república, así como el propio empuje de las plebes urbanas y sus líderes demagógicos, hizo imposible que la institucionalidad liberal a la que se apelaba se plasmara en la realidad hasta casi finalizado el siglo XIX, cuando la misma pudo asentarse en la riqueza que el librecambio argentífero comenzó a generar, así como en la incorporación vergonzante de los mestizos en los procesos electorales y la administración pública. En cumplimiento de una ley económica, el libre comercio comenzó a desestabilizar y socavar el organicismo social.

Este proceso coincidió con la Guerra del Pacífico (1879), que mostró la extrema fragilidad del país al despojarlo de su provincia costera y sumirlo en la mediterraneidad. La derrota generó en la sociedad boliviana un ansia de orden que favoreció el proyecto conservador librecambista. Así, dos décadas antes de que comenzara el siglo XX, se creó un nuevo escenario, en el que coexistía un sector moderno capitalista, el minero, con una cierta legalidad democrática para los blancos y las capas superiores de los mestizos, en política, y un régimen aristocrático (“feudal”) de administración de la agricultura, la educación y las relaciones sexuales y cotidianas. Fue en este contradictorio entorno que se abrió campo el primer liberalismo endógeno boliviano.

Esta corriente ideológica, que en principio era completamente nueva para el país, porque discrepaba con los dos tipos de organicismo que este había conocido hasta entonces, dio continuidad a los esfuerzos intelectuales que, exclusivamente en el terreno teórico, habían realizados algunos cenáculos de avanzada en las décadas previas al importar a Bolivia las más avanzadas corrientes de la ilustración europea, el darwinismo social y el positivismo –o predominancia de la ciencia y los hechos materiales sobre las ideas religiosas y éticas, los valores tradicionales y las costumbres ancestrales del “organismo” boliviano–. Sin embargo, el primer liberalismo era sobre todo una postulación política, esto es, una adaptación de los conceptos centrales del liberalismo europeo a las peculiares condiciones de Bolivia, y en esa medida un pensamiento que hacía muchas concesiones filosóficas y doctrinales, y se centraba en lo que podía tomar de los extranjeros para instaurar un orden social y económico más venturoso. Por eso su principal introductor al país no fue un intelectual y tampoco un científico, sino un militar: el general Eliodoro Camacho.

En 1883, para participar en las elecciones que se convocarían el año siguiente, Camacho y un grupo de seguidores formaron el Partido Liberal en torno a una breve declaración de principios titulada “El liberalismo”, de autoría de quien acababa de tener una acción de gran relevancia en la guerra contra Chile, y antes había destacado por sus dotes militares en la siempre errática historia política del país.

En 1884, luego de perder las elecciones, Camacho hizo algunas consideraciones que incrementaron el caudal doctrinario del naciente liberalismo, que en 1887 aprobó su primer programa de gobierno, también impartido por el General. Nos concentraremos en este conjunto de ideas, ya que en adelante los liberales bolivianos se limitarán a repetirlas y a criticar su aplicación práctica. Tiene además la ventaja, el liberalismo original, de la claridad y sencillez que pudo tener en un época en que las ideas que defendía eran novedosas, no habían sido desprestigiadas por las inconsecuencias y deshonestidades de su aplicación histórica y, aunque chocaban contra el organicismo, todavía no conocían competidores tan peligrosos como los socialistas y nacionalistas revolucionarios que irrumpirían después con su apelación al altruismo y la igualdad radical.

Nacimiento del Partido Liberal

Hemos hablado de dos grandes “partidos” ideológicos: el belcismo y el linarismo, llamados en el siglo XIX “decembristas” y “septembristas” por los meses en que ambos caudillos habían triunfado revolucionariamente y se había hecho del poder. Pero al mismo tiempo, atravesando estos bandos, había dos actitudes respecto a la forma más idónea para el país de establecer los respectivos programas y, sobre todo, la preponderancia de una facción e incluso un fragmento de la clase dominante sobre el resto de la sociedad. La actitud de los que con entusiasmo, aunque casi siempre inconsecuentemente, trataban de establecer este mando por la vía electoral parlamentaria, institución introducida por los liberales de la primera camada en la legislación nacional, pero que rara vez se había materializado en la práctica. Estos se llamaban a sí mismos “civilistas”. Y la actitud “cesarista” (o “pretoriana”, como se decía despectivamente en esa época) de los que suponían que el solo mérito de sus ideas y de su papel en el juego de las fuerzas sociales justificaba que ocuparan el poder por vía armada, generalmente militar. Estos querían entronizar a un “César”, en lo posible ilustrado, aunque casi siempre eligieran como proyecto de tal a un hombre audaz y valiente con los contactos adecuados entre el ejército y las familias principales del país.

El civilismo se buscó con más denuedo y se publicitó con mayor énfasis entre los linaristas, aunque el máximo líder de estos, José María Linares, fuera el principal César de la época: no solo intentó hacerse del poder (al que sin embargo se sentía con derecho por razón legal) con más de cincuenta “revoluciones”, sino que una vez en él se declaró dictador, esto es, superior al orden legal. Al mismo tiempo, los belcistas fueron los primeros en lograr una transmisión legítima de un presidente a otro elegido por las urnas (de Belzu a Córdova, en agosto de 1855).

La verdad es que, más allá de las proclamaciones sinceras o hipócritas sobre la necesidad de institucionalizar la alternancia en el poder y establecer un régimen democrático-liberal (esto es, de salir del organicismo), las bases para el cumplimiento de este progreso no estaban establecidas, por lo que las buenas intenciones rara vez pasaban de la retórica. Todo sistema democrático debe cumplir un requisito imprescindible que no estaba presente en el país: la “igualdad política” o suposición de que todos los miembros de un determinado “demos” (cuerpo político) tienen igual derecho a elegir y ser elegidos. Huelga decir que en las democracias latinoamericanas del siglo XIX el “demos” no equivalía a todos los adultos de la república, ya que las mujeres y los indígenas se consideraban, y en los hechos estaban, radicalmente alejados de la vida pública. Se trataba entonces de un “demos” mínimo, que solamente debía incorporar a los varones de las ciudades. Pero en Bolivia aun este pequeño conjunto de electores y elegidos iguales se encontraba ausente, a causa de la rémora estamental de la que hemos hablado. Las élites buscaban construir una sociedad política “decente”, jerárquica, y esto les impedía reconocer la voz y la voluntad de los distintos. Por causa de esta convicción organicista, los “decentes” no podían reconocer el gobierno de los “cholos” belcistas y, viceversa, estos solo podían plantearse el ascenso al poder por medio de la asonada política. Para ellos no se trataba de ganar unas elecciones, sino de desplazar a los de arriba del lugar en que estaban. Ninguno de los bandos concedía al otro el derecho a la política.

Un ejemplo que ilustra lo que digo es el siguiente. Mariano Baptista, quien pronto se convertiría en un caudillo linarista, comenzó su carrera política como uno de los diputados que le concedieron el beneficio de la duda al gobierno belcista de Córdoba. Esto le valió el resentimiento de su propio padre, que llegó a quitarle la palabra; en cambio, el viejo se emocionó cuando Baptista terminó vinculándose con la ulterior revuelta linarista (1857), ya que así su hijo estaba “sirviendo a un caballero”. Esta convicción en la superioridad de una casta resulta por supuesto contradictoria con los principios de la democracia, así fuera una democracia tan limitada como la que se proponían construir los civilistas. Residuo ponzoñoso del organicismo colonial, se observaba de manera directa –y desgraciadamente se observa hasta nuestros días – bajo la forma del racismo en la vida cotidiana. En política implica que los caballeros solo deben seguir y obedecer a los caballeros, no a los cholos ni mucho menos a los indios, aunque estos ya se hubieran convertido en parte legal y factual del “demos”. Por tanto, se trata de un “demos” heterogéneo, con diferentes formas de gozar del derecho a la política. Y, por tanto, en parte ficticio. Al comienzo del periodo de Evo Morales algunos repudiaron la asunción al poder de un “gobierno de pastores”. Este es un insulto de índole organicista: no repudia el contenido del proyecto que este gobierno quería ejecutar, sino el hecho de que quienes debían estar pastando ovejas o llamas se hallaran en una función muy diferente. Una tarea que, en el caso de que el mundo marchara como debiera, hubieran tenido que cumplir los “caballeros”, aunque hoy ya no se los llame así, sino “profesionales”, “doctores”, etc.

El civilismo, entonces, estaba bloqueado por el racismo imperante, hasta que le dio un mayor sustento la irrupción del Partido Liberal y su prédica, en particular un elemento que, a riesgo de multiplicar los sustantivos colectivos poco usuales, llamaré “formalismo”.

El liberalismo puso sobre el tapete la necesidad de superar el cesarismo a partir de la erradicación de la mentalidad que le era subyacente, esto es, la suposición de la superioridad de un hombre o un grupo sobre el demos. No quisiera que esto se malentendiera. No digo que el liberalismo hubiera abandonado el racismo contra el indio, que era consustancial a la cultura en la que los primeros liberales se formaron. Tampoco que dejara de manifestar el paternalismo con el que los “decentes” se vinculaban con los indios; más bien su programa3 buscaba educar a las “masas inferiores en las sanas doctrinas liberales” y la única referencia que hacía a la mayoría indígena era la siguiente:

“Con una población de cerca de cerca de dos millones, apenas podemos poner en pie de guerra de quince a veinte mil hombres, porque la raza indígena que forma la mayor parte de aquella ¡es inepta para las armas! ¿Qué podemos hacer? Fomentar con ahínco la inmigración europea, por una parte, y levantar por otra el nivel intelectual, físico y moral del indio a la altura del blanco y el mestizo, mediante un sistema de instrucción y educación, especial y hábilmente combinado”.

Pero, como muestra la cita que acabamos de hacer, el Partido Liberal no era antimestizo y, sobre todo, por deducción de los principios de la doctrina, se oponía a que una o varias personalidades se atribuyeran la soberanía popular:

“La autoridad no es fuerte sino a condición de ser legítima, y no es legítima sino a condición de ser necesaria. Autoridad fuerte que no arranca sus títulos de la fuente única de la soberanía nacional… es un absurdo en lógica y una perversión en moral”.4

¿Cuál es la lógica a la que se refiere Camacho? Como hemos visto, el liberalismo se justifica por el iusnaturalismo: en estado de naturaleza, todos los seres humanos son libres y valiosos. A partir de ahí, su menoscabo o enaltecimiento solo puede deberse a sus obras, no a su ser (pues caso contrario no serían libres de ser algo distinto). Los seres humanos, entonces, son en principio iguales. Y esto significa que ninguno de ellos puede pretender poseer alguna clase de don especial de tutela sobre el resto. Todas las opiniones y las voluntades deben ser, al menos formalmente, igual de dignas y merecedoras de atención. Y esto anula el cesarismo, el gobierno de los (que se consideran) mejores: en el caso boliviano, de los “decentes” o de los militares iluminados. No existe justificación para que alguien se atribuya soberanía sobre los demás. Nadie tiene clarividencia, nadie es “puro” (como creía ser el dictador Linares), nadie está predestinado a velar por los demás. Nadie tiene credenciales de nacimiento, sanguíneas, intelectuales o económicas, para gobernar… Estos son los argumentos que, como no se le escapará al lector, usó la burguesía europea en su lucha contra la aristocracia. De ellos se infiere que lo que vale es la ley, no el caudillo. Que lo que importa es que haya orden institucional, no que el propósito o el dirigente de una revolución sea bueno o malo.

Ahora bien, ¿y cómo se establece entonces la autoridad, bien que no se lo hace por la primacía de los mejores? “El sufragio popular es el solo origen legítimo de la autoridad y el más perfecto título del mando que este ejerce”.5

La justificación de este último aserto es un asunto muy complejo, que los liberales no siempre han hecho de la misma manera. ¿Por qué la autoridad que se origina en la voluntad de “muchos” –no necesariamente de todos, pero sí de un número importante de ciudadanos– es legítima, mientras que la que proviene de un sector social nacido o educado para mandar, o de un partido con las “ideas correctas”, no lo es? ¿Y por qué debe ser una autoridad representativa y no directa, es decir, temporal, surgida de un ejercicio electoral que por naturaleza se produce periódicamente? Las respuestas a estas cuestiones en el seno del liberalismo son diversas. Los liberales modernos que siguen al filósofo Karl Popper formulan una justificación epistemológica: no es posible un conocimiento perfecto sobre el mundo; las ideas que hoy consideramos adecuadas serán superadas en el futuro, y nosotros mismos cambiamos de opinión de acuerdo a la transformación de las condiciones; ergo, es necesaria una adopción pluralista de las decisiones públicas. Otra clase de liberales, influidos por un otro filósofo político, Isaiah Berlin, señalan que la mayor legitimidad de la democracia reside en que los valores en los que los seres humanos creemos son a menudo incompatibles entre sí, por lo que la democracia es necesaria para evitar la violencia de las guerras religiosas y morales, al abrir la posibilidad de que los seguidores de un valor convivan con los seguidores de otro. El liberalismo estadounidense, por su parte, trabaja en torno a la justificación de un tercer filósofo, John Rawls, quien piensa que un tipo de democracia electoral sería el elegido por cualquier individuo racional que debiera escoger el sistema social en el que querría vivir, si tuviera que escogerlo sin poder saber de antemano qué papel le tocará en el mismo. Finalmente, los “teóricos de la democracia” plantean una razón de índole lógica: la democracia es mejor que las formas de autoridad no democrática, porque estas no pueden resolver el problema de la naturaleza temporal del ser humano y las vicisitudes de su reproducción, y por tanto no proveen una forma pacífica de sustitución de gobernantes.

Por su parte, Camacho y los primeros liberales recurren a la justificación que es la propia de su tiempo –lo que no quiere decir que no se siga usando–, esto es, la utilitarista: la democracia no se justifica por su capacidad para evitar el mal mayor, como grosso modo piensan todas las corrientes antedichas, sino por su idoneidad para elegir a los mejores gobernantes:

“El derecho electoral es el magno, el fundamental y el más augusto de todos los derechos políticos, como que solo mediante él puede hallarse al legislador sabio, al juez íntegro y al mandatario ilustrado”.6

El utilitarismo supone que la utilidad o el carácter bienhechor de una decisión colectiva se logran mediante la suma de la utilidad de las decisiones individuales, lo que ha sido cuestionado por la teoría política contemporánea y refutado por la práctica historia. Aquella ha señalado, además, que este principio, llevado a sus últimas consecuencias, tiene la potencialidad de convertir al liberalismo democrático en una doctrina dogmática, que habría descubierto la forma de garantizar la adopción colectiva de decisiones correctas, y por tanto sería menester imponer como la única ideología “verdadera”. El liberalismo utilitarista no toma en cuenta los hechos mismos de la democracia ni otros principios democráticos además del mayoritario, que es el principio al que se aferra. Los hechos no corresponden con este principio, porque las mayorías son siempre parciales, están condicionadas por la coyuntura y por tanto son cambiantes; y los principios tampoco se agotan en el mando de la mayoría, porque atribuir a esta la receta para encontrar al “legislador sabio, al juez íntegro y al mandatario ilustrado” no se sostiene: véase por ejemplo el caso de la ejecución de Sócrates, que fue ordenada por la mayoría de los jueces ciudadanos atenienses. Por esta razón, el liberalismo moderno asigna un rol de mayor importancia a las minorías.

Ahora bien, no es que Camacho negara a las minorías un papel en la democracia. El fundador del liberalismo boliviano señala que “las mayorías son las que están llamadas a gobernar en el régimen democrático y a quien quiera que estas favorezcan tenemos que acatarlas”,7 en el mismo lugar, el Manifiesto de 1884, en que no puede dejar de reivindicar a las minorías, tanto por la propia teoría liberal porque en ese momento el liberalismo acababa de perder las elecciones y, por tanto, era la minoría política del país. Camacho dice entonces que el gobierno de Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, caudillos conservadores que juntándose después de las elecciones en las que con cierto fraude el primero se impuso sobre el Partido Liberal, tiene un programa errado, lo que “se verá con el tiempo”. Por tanto, “los hombres de ley aceptan las imposiciones de la mayoría, aun siendo contrarias a sus convicciones y acaso a los principios de derecho y justicia que profesan”. Pero los gobernantes que resultan de la voluntad mayoritaria no son sin embargo “sabios” ni “ilustrados”, como hubiera debido ser. Para enfrentar tal vicisitud son imprescindibles, además del principio mayoritario, otros principios como la “publicidad” y la “responsabilidad” de los mandatarios sobre sus actos, a fin de evitar que estos obren mal o se corrompan. Principios que están pensados para la acción de las minorías. Además, en “las repúblicas, todo ciudadano ejerce función pública: unos como funcionarios y otros como vigilantes de estos. Todos necesitan por lo tanto un órgano de publicidad que les permita indicar, acusar o defenderse. Publicidad de los actos oficiales sin libertad de imprenta, es una idea incompleta, y república, res-pública, sin la supervigilancia incesante de los asociados, es un contrasentido.”8

Con todo, en tanto utilitarista, Camacho no hace hincapié en el funcionamiento de las minorías, que ve como complementarias al principio mayoritario, sino en los requisitos necesarios para lograr que la mayoría se convierta en el elector ideal (elector de gobernantes ilustrados y sabios). En primer lugar, porque las minorías tienen el derecho de criticar a los gobernantes y aun de derrocarlos, en caso de que no honren su responsabilidad, pero en ningún caso pueden sustituirlos por la fuerza de esta rebelión. Camacho parte de la convicción, que la historia del país hasta ese momento ha tornado urgente, de que la falta de respeto al principio mayoritario era la causa de que la democracia electoral no haya funcionado. Recuerda que las minorías, imbuidas de cesarismo, han acusado una y otra vez a las mayorías de carecer de la legitimidad que ellas supuestamente sí poseían, para insurreccionarse contra ellas.

Esto mismo hubiera podido hacer el Partido Liberal, dice el Manifiesto de 1884, puesto que en las elecciones de este año Pacheco usó el fraude y la difamación para triunfar. Pero a pesar de esto no lo hará, señala el documento, para dar el ejemplo y –se infiere– asestar un golpe al cesarismo consuetudinario del país. Por el contrario, el Partido felicitará al ganador de la contienda, supondrá que este cumplirá sus promesas y se limitará a señalar que su programa no es acertado, como el tiempo demostrará, es decir, se limitará a competir con los conservadores dentro de los límites y los procedimientos legales. De este modo el Partido Liberal se constituirá en una oposición democrática, que apostará por el funcionamiento de las instituciones. El Partido Liberal ha sido “fundado sobre un programa de principios y no sobre la base de un efímero caudillaje; fundado para establecer costumbres democráticas y no para dominar el país apoderándose del gobierno”.9 “No busca este partido el poder supremo para dominar el país; busca la verdad en las instituciones democráticas para mejorar la sociedad… Por eso se ha llamado partido de principios absolutamente impersonal”.

El respeto por parte de las minorías a la mayoría electoral es la primera condición para que el principio mayoritario funcione. Esto requiere de un partido de principios e impersonal, por un lado, y de un partido que “busque la verdad en las instituciones democráticas”,10 por el otro. Pero no solo de ello: también se requiere de otras dos condiciones de posibilidad del mayoritarismo: La primera es que el voto sea verdaderamente libre, esto es, se emita sin fraude, soborno o coacción por parte del poder. Según Camacho, esto no ocurrió en las elecciones de 1884, y por eso el país no encontró a los gobernantes ilustrados que necesitaba, esto es, no dio el triunfo a los liberales. Ergo, solo el “sufragio libre” puede garantizar que las mayorías elijan a los mejores gobernantes. Este es punto nodal de la prédica liberal a lo largo de su larga historia, y en torno a él este partido se constituyó, maduró, rompió sus principios para poder acceder al poder, gobernó, se dividió varias veces, etc.

Hasta ese momento, dice Camacho, los “electores” habían sido en Bolivia “el fusil, el oro y el poder”, no el pueblo. Al respetar la minoría liberal a la mayoría conservadora lo que estaba haciendo, casi por primera vez, era anular al fusil como fuente de autoridad. Pero aún quedaban el oro, esto es, el uso del dinero de los millonarios Pacheco y Arce para comprar votos, y el poder, la coacción de los electores por parte del gobierno.

Superadas estas otras dos interferencias, ¿sería entonces la mayoría el mecanismo suficiente para elegir bien? Aún no. Todavía se necesitaba que estuviera presente una segunda condición, esto es, que el conjunto de los electores estuviera suficientemente educado para ejercer sus derechos de manera consciente, racional, bien informada e independiente. Por eso el Partido Liberal se propone una tarea pedagógica: “establecer costumbres democráticas”, educar a las “masas inferiores en las sanas doctrinas liberales”, elevar a los indios mediante una inteligente combinación de instrucción y educación; en fin, “moralizar al pueblo, enseñándole el respeto a la autoridad”, “dignificar al artesano y al labriego, sustrayéndolo de las malas doctrinas y apartándolo de los malos ejemplos”.

Complementariamente con este esfuerzo educador – por el que el Partido bien podía y debía sacrificar su derecho a oponerse a los dudosos resultados de la elección de 1884–, había que reformar la ley electoral “en el sentido de conceder este derecho [el de votar] tan solo al que dé garantías de comprender su importancia y de su capacidad para ejercerlo con consciencia, al mismo tiempo que de hacer difíciles, sino imposibles, los mil fraudes que el ingenio humano viene inventando en nuestras prácticas electorales.”11

Se ve aquí que el Partido Liberal no pretende ampliar el “demos” constituido con anterioridad a su aparición, el cual incluso podría llegar a disminuir en tamaño, pero que en cambio sí desea que este “demos” sea efectivo. Solo puede haber real igualdad política en la medida en que se establezca un derecho electoral formal (de ahí el “formalismo” del que hablamos antes): válido para todos quienes cumplan los requisitos, pocos o muchos, pero válido en absoluto.

En suma, tenemos que solo en caso de cumplirse tres requisitos: respecto a la mayoría, sufragio libre y consciencia política popular, sería verdadera la equivalencia siguiente: “A pueblo digno gobierno justo”, es decir, se realizaría el supuesto utilitarista de que la suma de las decisiones individuales útiles, cada una de las cuales optimiza el bien y disminuye el mal, sumadas resultan en la decisión colectiva más útil para el conjunto.

La principal consigna del Partido Liberal era la anticesarista “Viva el orden, mueran las revoluciones”. Sin embargo, el orden en el que pensaban quienes la formularon no era la sumisión de la población a un gobernante, sino “el armonioso concierto entre los miembros de una sociedad, entre pueblo y gobierno y entre las libertades y el principio de autoridad”. En otras palabras: “A pueblo digno, gobierno justo”. Y era el principio mayoritario el que podía establecer este orden en caso de que se cumplieran las condiciones señaladas y el pueblo rechazara a las tres funestas alternativas a su soberanía: el fusil, el oro y el poder. Con un pueblo ilustrado y libre para expresar su voluntad, necesariamente se tendría un gobierno sabio. Esta es la utopía utilitarista que planteó el primer liberalismo boliviano.

La sabiduría de este gobierno no solo se expresaría en una administración eficiente y proba, sino en la reducción de sus propias atribuciones gubernativas a las estrictamente necesarias. De lo que se infiere que la limitación del poder –que para el utilitarismo es, como hemos visto en Locke, el supremo objetivo del “gobierno civil”, ya que permite precautelar la libertad humana– no se generaría por el denuedo fiscalizador de las minorías, como piensa el liberalismo moderno, sino por la “inteligencia” (liberal) del gobierno, que a su vez sería un resultado de la inteligencia del pueblo que lo ha elegido:

“La limitación del poder cuya fórmula gráfica es: ‘más libertad menos gobierno’, no significa, en manera alguna, la prepotencia sobre la autoridad de una libertad inconsciente, en que la libertad, desconociendo todo freno, destruya el principio de autoridad; sino que debe haber una justa proporción entre ellas, esto es… que mientras mayor sea el elemento inteligente de una sociedad, tanto menor debe ser la intervención del Gobierno para guiar a esta sociedad. De modo que la acción gubernativa que constituye el principio, está en razón inversa del elemento intelectual que establece la libertad única que acata el liberalismo”. 12

Huelga decir que esta visión, como el utilitarismo en general, se basa sobre la creencia socrática de que quien sabe no puede obrar mal, así como en la confianza ilustrada de que siempre se puede llegar a saber. Estas creencias también están en la base del cesarismo militar o ideológico (por ejemplo el de los partidos marxistas), con la diferencia de que para el liberalismo utilitarista los que deben “saber” son todos los ciudadanos, no un partido o una clase, por lo que de su planteamiento no puede sacarse conclusiones vanguardistas. Por el contrario, este liberalismo es reformista: su tarea es educar a todo el pueblo en el liberalismo, lo que de por sí requiere tiempo, y no acaudillar a una facción para dar un golpe de mano e instaurar un poder bienhechor.

Como veremos la siguiente cita, este reformismo se desprende también del principio mayoritario:

“El liberalismo se propone las reformas progresivas, lentas y paulatinas que demandan las condiciones sociales en un pueblo, según sean su ilustración o ignorancia, sus virtudes o sus vicios, su índole permanente o sus circunstancias pasajeras, etc., en tanto que dicha demanda esté revelada por la opinión independiente de la mayoría nacional y apoyada por los principios filosóficos de la ciencia del derecho”.13

La ambición y progresividad de las reformas, por tanto, dependerá del crecimiento mental y emocional del pueblo. La tarea liberal no consiste, como piensan quienes difaman al Partido de Camacho, “en romper bruscamente con las tradiciones del pasado o entrar a saltos en innovaciones violentas, adoptando sin criterio todas las reformas imaginables”.14

“El sabio no obra mal”, pero una cosa es que este “sabio” sea un caudillo o un partido, y otra muy distinta que deba ser el pueblo como tal. En el primer caso lo que la equivalencia entre conocimiento y ética hace es justificar la revolución; en el segundo, en cambio, da paso únicamente a “las reformas progresivas, lentas y paulatinas”.

“Como teoría y como simple especulación filosófica [el liberalismo], busca la libertad total sin restricción alguna. Como práctica política se conforma con adquirir las reformas posibles; no se impacienta por arribar de golpe a la conquista de todas sus libertades, sino a su adquisición lenta o rápida que la ley del tiempo y las condiciones sociales le permiten”.15

El Partido Liberal busca “la fundación del orden social en el pueblo”, esto es, quiere un pueblo ilustrado que, por mayoría, elija dirigentes ilustrados. La relación ideal entre uno y los otros es el equilibrio, concretamente el equilibrio entre deberes y derechos; sin este equilibrio no es posible un orden justo: si los derechos se imponen autoritariamente a los deberes, entonces el pueblo es autoritario y avaricioso; y si los deberes son una carga que mediatiza y soslaya los derechos, el gobierno es tiránico.