Déjenme partir resumiendo mi argumento original. Los bonos sociales nos costaron más de mil millones de dólares el 2023. Esto no es un monto menor para nuestra pequeña economía. Mil millones de dólares representan la tercera parte del déficit fiscal, el 60% de nuestras reservas internacionales y el 70% del subsidio a los hidrocarburos (el principal factor que explica nuestra tragedia fiscal). El financiamiento de la Renta Dignidad (de lejos el bono más importante ya que representa el 86% de los mil millones de dólares) tendría que provenir del 30% del IDH y de las utilidades de las empresas públicas. Dado, sin embargo, que 1) el IDH se ha reducido a la tercera parte del valor que alcanzó el 2014 y seguirá en picada hasta desaparecer porque ya no tenemos gas, y 2) las empresas públicas no generan utilidades, el financiamiento de los bonos sociales ha quedado seriamente comprometido.
Ante esta realidad, el gobierno aprobó el 2022 el uso de las utilidades de la Gestora Pública de Pensiones para pagar la Renta Dignidad y ese mismo año presentó un anteproyecto de ley que crea un nuevo impuesto a los sueldos de trabajadores dependientes, independientes y consultores. De acuerdo con la Fundación Milenio, el anteproyecto establece “aportes solidarios” de 0,3% a los sueldos desde Bs 2.164 hasta Bs.10.000, y de 0,5% y 3% a los ingresos totales más altos. En resumen, la realidad es que los bonos sociales van a ser financiados en un futuro cercano, metiéndole la mano al bolsillo a la gente.
Por el lado de los beneficios, los bonos sociales no parecen generar una reducción significativa de la pobreza y ciertamente no generan los incentivos correctos en los que los reciben. En mi artículo cito un estudio de la CEPAL que concluye que los bonos sociales redujeron la pobreza total en Bolivia entre el 2016 y el 2017 en solo un 0,1 punto porcentual. Por otra parte, es importantísimo enfatizar que los bonos le dan a la gente el pescado, no la caña de pescar. Esto genera una dependencia económica entre los que los reciben (reduciendo, en el margen, los incentivos a ser productivos) y produce además una gran oportunidad para que los políticos puedan comprar conciencias entre diferentes grupos sociales. Por todas estas razones concluyo, entonces, que los bonos sociales deben eliminarse.
El artículo de Enrique Velazco es confuso. En principio, él está de acuerdo en la eliminación de los bonos porque no tienen un efecto importante en la reducción de la pobreza y porque son utilizados con fines políticos. Hasta ahí completa coincidencia. Velazco añade, además, que la gente usa la plata para comprar productos importados y entonces los bonos no generan efectos multiplicadores dentro del país. Aunque no es el punto central, debo decir brevemente que en esto se equivoca. Esa es la vieja crítica nacionalista a las importaciones. Lo que Velazco no ve es que comprar productos importados baratos le ahorra plata al consumidor nacional y, por lo tanto, libera recursos que después serán invertidos en la producción de algo en lo que sí tengamos ventaja comparativa. Los ahorros que nos permiten las importaciones y el contrabando también generan un efecto multiplicador. Esta no es, por lo tanto, una razón válida para estar en contra de los bonos.
En algo central en lo que no coincidimos es que, para Velazco, “si los bonos ayudaran a reducir la pobreza estructural, por mucho que afecten al déficit, justificarían su existencia.” Difiero. Los déficits fiscales son tremendamente perversos y nada debiera justificarlos (a menos de que estemos hablando de emergencias o catástrofes) porque su financiamiento se genera a través de deuda o de impresión inorgánica. La primera hipoteca el futuro de la gente porque hay que pagarla en el futuro cobrando más impuestos y pagando intereses, y la segunda genera inflación, que es esencialmente un impuesto para los más pobres. Pero la premisa es errónea de partida: ¡los bonos no reducen la pobreza estructural! Lo único que lo hace es el empleo sostenible en el sector privado.
El resto del artículo de Velazco describe lo que para él es un mal funcionamiento del sistema financiero. En su criterio, el sistema financiero es pernicioso porque genera muchas utilidades, lo que, en su criterio, es una extracción de recursos al sistema productivo. Podemos discutir largo y tendido sobre el grado de competitividad en el sistema financiero y que hacer para incrementarlo, pero ¿qué tiene esto que ver con los bonos?
El artículo de Laserna plantea un argumento más interesante. A él no parece preocuparle que el financiamiento de los bonos se haya agotado y que estos representen ahora una parte importante del déficit fiscal. Su argumento es que para eliminar el déficit fiscal se deben reducir o eliminar otros gastos que son más ineficientes. Laserna cita como ejemplos el presupuesto de las universidades o el de las Fuerzas Armadas, la burocracia, los subsidios y las empresas públicas. En suma, Laserna platea mantener los bonos a capa y espada, aun cuando el IDH sea cero, sacrificando otros gastos. El argumento es que una transferencia en cash le permite al individuo decidir que comprar, en lugar de que sea el político el que elija por él.
Los economistas llaman a estos argumentos, argumentos de second best. Efectivamente, es siempre mejor que la gente decida qué hacer con la plata a que lo hagan los políticos. ¡El problema es que no es su plata! En un contexto en que el IDH desaparece, la plata para los bonos sale de impuestos, es decir, de los bolsillos de terceros. Laserna argumenta con certeza que “en manos de la gente el dinero es más productivo que en manos de la burocracia,” pero ignora que la plata para pagar esos bonos saldrá precisamente de las manos de la gente que paga impuestos. ¿No sería mejor, entonces, dejar que esa plata se quede con los que la generaron y que sea esa gente la que decida voluntariamente a quién ayudar si es que desean hacerlo?
Es muy cierto, por otro lado, que hay muchos gastos ineficientes que se deberían eliminar junto a los bonos. Yo mismo he argumentado vehementemente que deberían eliminarse el subsidio a los hidrocarburos y todas las empresas públicas, que deberían reducirse la burocracia a la mitad y los ministerios a solo 10, que deberían privatizarse la salud y la educación, etc. Si se hace todo eso, por supuesto que habría menos presión para eliminar los bonos sociales, pero eso no significa que estos no deban eliminarse. Primero porque, otra vez, su financiamiento viene de impuestos y eso le coarta la libertad de elegir a la gente que los paga, y segundo porque los bonos crean dependencia y prebenda, y reducen los incentivos a ser productivos.
La mejor política social será siempre la libertad y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Cuando estas condiciones están presentes, los individuos tienen incentivos productivos y se genera empleo privado. Pero estas condiciones se logran reduciendo impuestos, reduciendo gasto fiscal y manteniendo cuentas fiscales saneadas. Los bonos sociales, así como el subsidio a los hidrocarburos, la burocracia y las empresas públicas, han puesto ya en grave riesgo la solvencia del Estado y la estabilidad macroeconómica. Es tiempo de dejar de gastar a manos llenas en todos los frentes.
Antonio Saravia
Antonio Saravia es PhD en economía y presidente del Partido Liberal de Bolivia.
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